Por Manuel Alejandro Luna
En las próximas semanas, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez renunciaría al cargo para iniciar su campaña a la presidencia, aunque se desconoce si volverá al Partido Convervador o se lanzará por firmas. Como es habitual, la baraja de opcionadas al cargo (al parecer, el presidente Iván Duque y Ramírez coinciden en que el reemplazo sea una mujer) es objeto de disputas entre los partidos políticos de gobierno. Por un lado, el Partido Conservador reclama públicamente ser el dueño del cargo, ya que hizo parte de la coalición que llevó a Iván Duque a la presidencia a través del expresidente Andrés Pastrana y la misma vicepresidenta.
En ese sentido, los nombres que mejor se ajustan a la condición de que sea mujer y venga de las toldas azules son los de Ángela Ospina de Nicholls (quien fue Alta Consejera Presidencial para Programas Especiales del gobierno Uribe y nieta del expresidente Mariano Ospina Pérez) y Ángela María Orozco (actual Ministra de Transporte y cercana a la vicepresidenta Ramírez, a pesar de que hoy en día tienen grandes diferencias). También ha sonado la veterana política Noemí Sanín, quien, luego de haber sido derrotada estruendosamente en la campaña del 2010 (apenas superó en votos a Rafael Pardo), se había marginado de la política para dedicarse a asuntos privados. Entre tanto, el nombre de Camilo Gómez, uno de los escuderos de Pastrana, estaría descartado de tajo.
Por otro lado, el Centro Democrático ha apostado por el nombre de Alicia Arango, la exministra del Interior y actual embajadora ante la ONU. Sin embargo, su candidatura tiene dos grandes escollos. De un lado, el expresidente Uribe ya dio el visto bueno para que la nueva vicepresidenta venga del Partido Conservador, debido a que es consciente de la necesidad de mantener la cercanía con ese partido para las elecciones de 2022. De otro lado, el revuelo generado por el nombramiento de la hija de Arango como codirectora del Banco de la República sigue fresco.
Lo cierto es que Marta Lucía Ramírez tendrá que presentar su carta de renuncia ante la secretaría del Senado y la plenaria de dicha corporación debe votar para aceptarla. De este modo, la actual vicepresidenta no quedaría inhabilitada para lanzarse a la presidencia el próximo año. No obstante, su salida del cargo revive un debate que ha estado siempre y del que se desprenden varias preguntas: ¿cuál es la historia de la vicepresidencia? ¿Esta posición es una plataforma para ser candidato presidencial en Colombia? ¿Qué hace en realidad un vicepresidente? A continuación, intentaremos acercarnos, de manera muy general, a estos interrogantes.
La problemática vicepresidencia en la historia
Hay un sinnúmero de textos académicos y periodísticos que muestran lo problemática que ha sido la figura de la vicepresidencia en el país. En general, una corriente se inclina por recalcar que, en términos del poder, este cargo sirvió para hacer contrapeso al marcado presidencialismo en algún momento de la historia. Esto, por obvias razones, propició la desconfianza de los presidentes frente a sus vicepresidentes. Tal es el caso de Francisco de Paula Santander, quien, al asumir la vicepresidencia grancolombiana en 1821, reemplazaría al presidente Simón Bolívar en caso de ausencia temporal o absoluta, según la constitución de ese mismo año.
De hecho, el general Santander ocupó la presidencia cuando Bolívar se marchó a culminar la campaña del sur, emprendiendo algunas medidas (como las anticlericales) que no gustaron al libertador. Tal como lo plantea David Bushnell, la historia tampoco ha sido generosa con el papel de Santander, a quien se le atribuyen medidas poco populares tomadas por el Congreso Constituyente de Cúcuta, como una suerte de “privatización” de los resguardos indígenas, mientras él se encontraba trabajando en Bogotá. En resumen, una vez Bolívar regresó al país, suprimió la figura del vicepresidente y asumió funciones dictatoriales.
En ese vaivén de la historia, las fórmulas para salirle al paso a la relación tensionante entre el presidente y el vicepresidente han sido múltiples. Por ejemplo, la Constitución de 1832 estableció que el vicepresidente fuera elegido dos años después del presidente y, de este modo, sus períodos no coincidieran exactamente. Otra de las reformas en esa misma línea fue la de la Constitución de 1858, de corte federalista, que suprimió el cargo y estableció la conocida fórmula de la designatura presidencial. Esta última consistía en que, en caso de ausencia temporal o absoluta, el presidente sería sustituido por alguno de los tres designados en el orden que estableciera el Congreso.
El poder en la sombra
El caso colombiano no ofrece ejemplos tan claros del vicepresidente ejerciendo el “poder en la sombra”, como el de Miguel Antonio Caro durante la presidencia de Rafael Núñez. Este segundo grupo de perspectivas sobre la vicepresidencia da cuenta del cargo ejercido para ser el presidente de facto, dada la incapacidad o el desinterés del titular de la presidencia. Así pues, Caro fue autor del texto final de la Constitución de 1886 y gobernó tras la enfermedad de Núñez a partir de 1892. Este último se recluyó en Cartagena, mientras que su vicepresidente ejercía el poder central en Bogotá.
Un caso menos cordial fue el del presidente Manuel Antonio Sanclemente y su vicepresidente José Manuel Marroquín. En este caso, la enfermedad del primero, quien llegó al cargo con más de ochenta años, y el hecho de dedicarse a gobernar desde Villeta, motivaron un golpe de estado de parte del segundo. Se rumoraba que Sanclemente no tomaba las decisiones del gobierno, sino que lo hacía el mismo Marroquín o sus otros colaboradores con la firma del presidente. En concreto, las tensiones que producía el cargo se habían acrecentado en este momento de la historia y, ahora, el problema era mayor porque el presidente era desplazado en forma más evidente.
La designatura en el siglo XX
En definitiva, la vicepresidencia produjo incontables preocupaciones que terminaron en la abolición de la figura durante el Quinquenio de Reyes (1905-1910) y la consolidación definitiva de los designados presidenciales. Un tercer grupo de visiones considera que la designatura presidencial fue la respuesta más sensata al problema de la vicepresidencia. El siglo XX está marcado por una mayor tranquilidad institucional en ese plano, gracias a que el Congreso solía elegir como designados a personajes de confianza del presidente o de su mismo partido. Aunque los intentos de conspiración no desaparecieron, se puede decir con cierta seguridad que las reformas constitucionales y legales apuntalaron una designatura más sólida y funcional. Como ejemplo, se proscribió definitivamente que uno de los designados estuviera al frente del Consejo de Estado.
Ahora bien, en este país de tan marcada tradición legalista, la figura del designado presidencial fue objeto de innumerables análisis jurídicos. En varias oportunidades, el debate sobre las ausencias de los presidentes estuvo marcado por la controversia de si estas se trataban de temporales o definitivas (como los viajes diplomáticos). Tales casos fueron resueltos por la Corte Suprema de Justicia, que definía si el reemplazo debía ser el designado presidencial o el ministro delegatario de acuerdo al caso específico. Tampoco estuvo por fuera de esta discusión la agilidad política de unos cuantos, como la del último designado presidencial en la historia, un viejo conocido llamado Juan Manuel Santos, quien se impuso ante el Congreso a pesar de no ser el favorito del presidente César Gaviria.
La figura moderna de la vicepresidencia
Hasta este punto, hemos desentrañado una parte de la historia de la vicepresidencia y la designatura presidencial, dejando de lado muchas cuestiones como el papel del bipartidismo en la elección de quienes ocuparon el cargo de vicepresidentes. Con todo y eso, debemos concentrarnos ahora en la figura moderna de la vicepresidencia que creó la Constitución de 1991. El texto constitucional establece que el vicepresidente elegido por votación popular, lo cual le retribuye el carácter representativo que había perdido con la designatura, y en la misma fórmula con el presidente (por lo cual, tienen el mismo período).
Además, el vicepresidente reemplazará al presidente en sus faltas temporales o absolutas. Entre las primeras, figuran la licencia y la enfermedad, mientras que las segundas podrían ser su muerte, renuncia, destitución, incapacidad física permanente o abandono del cargo, incluso si no se ha posesionado todavía. Asimismo, la Constitución permite que el presidente le asigne misiones especiales e, incluso, lo nombre en algún cargo de la rama ejecutiva. Esta última posibilidad ha sido ratificada por las altas cortes en su jurisprudencia. Por ejemplo, el exvicepresidente Gustavo Bell (fórmula de Andrés Pastrana) fue Ministro de Defensa.
Con todo y eso, la vicepresidencia sigue presentando rasgos problemáticos que, a partir del relevo de Marta Lucía Ramírez, hemos querido exponer. Dicha posición está más asociada hoy en día a un mero cálculo electoral que a cualquier otra cosa. El primer vicepresidente bajo la constitución vigente fue Humberto de la Calle, que pertenecía a la corriente de César Gaviria dentro del Partido Liberal y cuyos votos ayudarían a que Ernesto Samper, inclinado hacia la izquierda, conquistara la centroderecha del partido y el país. A la postre, de la Calle se desligó definitivamente de Samper con el Proceso 8000, a pesar de haber estado en la misma campaña salpicada por el narcotráfico, y renunció en 1996.
Más evidente es el caso de Juan Manuel Santos, quien salió elegido en su primera campaña (2010) con Angelino Garzón como vicepresidente. Este último era un líder sindical que había militado en la Unión Patriótica y la Alianza Democrática M-19, con quien Santos quería capturar unos pocos votos de la izquierda. Otros dicen que Pastrana (1998-2002) quería conseguir votos en la costa Caribe con Gustavo Bell y Uribe (2002-2010) en Bogotá con Francisco Santos. Recientemente, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez fueron puestos en una misma fórmula por los expresidentes Uribe y Pastrana, en una jugada maestra para consolidar una candidatura de derecha.
La tesis del “poder en la sombra” de los vicepresidentes no tiene, en definitiva, ningún sustento en los roles que estos han jugado dentro del gobierno últimamente. Lo más cercano ha sido el papel de Germán Vargas Lleras durante el gobierno Santos, que tuvo un acceso amplio a los recursos del Estado y a varios programas, como el de vivienda gratuita, con los que buscaba cimentar su candidatura presidencial para el 2018. El resto de encargos o misiones sobre temas específicos han sido lánguidos. Por ejemplo, Francisco Santos estuvo a cargo de la organización de la Copa Mundial de Fútbol Sub 20 en 2011 o Marta Lucía Ramírez hoy promueve acciones desde el gobierno a favor de la mujer (que no han tenido mayor impacto).
En conclusión, el cambio en la vicepresidencia de Marta Lucía Ramírez que se avecina, vuelve a despertar una vieja historia de debates y polémicas en torno a cuál es el rol que, históricamente, ha ocupado la persona que está en ese cargo. ¿Qué tanto han cambiado los problemas en torno a la figura? Probablemente han cambiado mucho, ya no hablamos de un “poder en la sombra” o de un golpe de estado, pero estamos ante cálculos electorales para llegar al poder y funcionarios públicos que cumplen con misiones o encargos menores.
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